Desde mayo de 2016 el cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec, decidió cerrar el ingreso de personas privadas de la libertad a los establecimientos del área metropolitana de Medellín. Lo anterior como una manera de protestar por el alarmante hacinamiento y ante el incumplimiento de la ley 1709 de 2015, que entre otros temas nuevamente ordena crear cárceles en los municipios para la detención preventiva; lo que no ha hecho el municipio de Medellín.

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